El mundo secretos de las lágrimas

Documento 4

Copia de la página del Levante, domingo, 27 de febrero 1994

“Dos policías declaran que el colaborador podría estar protegido por el ministerio de Interior"

Un preso se fuga y denuncia que fue condenado porque un supuesto confidente provocó el delito

Un valenciano que se fugó de la cárcel de Carabanchel el pasado mes de diciembre ha denunciado ante el Tribunal Supremo que fue condenado porque un presunto confidente provocó el delito que se le imputa al entregarle un kilo de cocaína en Madrid para que la transportara hasta Valencia. Dos policías confirman, en una comparecencia, que el supuesto colaborador de las fuerzas de seguridad <<podría estar protegido por un alto cargo u organismo del Ministerio de Interior>>.

Luis G. T. aprovechó un permiso penitenciario para no regresar a la prisión de Carabanchel el pasado mes de diciembre y, desde entonces, permanece oculto. Este fugitivo, natural de Massamagrell, asegura que <<me vi obligado a escapar>> por <<la impotencia e indefensión con que me he encontrado a lo largo de todo el proceso>>. Y denuncia, concretamente, que un supuesto confidente de las fuerzas de seguridad <<provocó el delito>> por el que fue condenado a cinco años de prisión. El pasado lunes remitió un escrito a la sala segunda del Tribunal Supremo en el que reclama un juicio justo.

El recluso evadido sostiene que en mayo de 1992, cuando <<carecía de recursos económicos>> para subsistir, un hombre que se presentó como Ángel le entregó una bolsa de plástico en Madrid para que la transportara hasta Valencia por carretera. Pero apenas recorrió unos centenares de metros con su furgoneta Citroën C-15. Cuando se encontraba detenido frente a un semáforo, todavía en la capital, fue detenido por varios agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).

Luis G. T. pasó a disposición judicial y el magistrado ordenó su ingreso en la prisión Madrid 1 (Carabanchel). Allí conoció a otro recluso, Camilo Alonso París, que se encontraba entre rejas por la misma causa, Y se produjo un enfrentamiento entre ambos porque al parecer, este preso estaba convencido de que Luis G. T. le había delatado ya que estaba acusado de entregarle la droga. El intermediario, aquel hombre llamado Ángel, había desaparecido. Desde entonces nunca fue detenido por su presunta implicación en el caso a pesar de que los dos encausados lo han denunciado repetidas veces.

Informes del SVA

Luis G. T. se declara ahora convencido de que el tal Ángel se llama realmente Diego P. C. y de que es un confidente de las fuerzas de seguridad que le tendió una trampa y, por tanto, provocó el delito. Y aporta como pruebas, entre otros documentos, varios informes remitidos por el SVA al juzgado de instrucción número dos de Paterna. En el primero de ellos figura diego P. C. como la persona que llegó al domicilio de Camilo Alonso <<con un maletín>> y posteriormente descendió de la vivienda <<portando una bolsa de plástico>>.

Otro documento, al que también ha tenido acceso Levante-EMV, revela que Diego P.C. tenía el teléfono intervenido con autorización judicial por su presunta implicación en una red de narcotraficantes.

En el tercer escrito, fechado el 15 de julio, el SVA solicita autorización para realizar una nueva intervención telefónica en el domicilio del presunto confidente con el objeto de seguir investigando a este hombre tras las detenciones de Luis G. T. y de Camilo Alonso. Por último, el 20 de julio el Servicio de Vigilancia Aduanera hace constar que <<la forma de actuar de Diego P. consiste en desplazarse a Madrid, previo contacto telefónico, para regresar posteriormente acompañado por un individuo en otro coche que es quien trae la cocaína a Valencia>>.

Extremar precauciones.

Una posterior comparecencia de los policías Francisco E. E. y Lorenzo B. P. ante el magistrado Alejandro María Benito López, en la Audiencia de Madrid, también resulta reveladora. Los agentes se personaron voluntariamente ante el juez a mediados del pasado mes de agosto para denunciar que el Servicio de Vigilancia Aduanera de Valencia <<recibió instrucciones superiores para suspender la investigación –que entonces todavía estaba en marcha- respecto de Diego>>. También declararon que un responsable del SVA les aconsejó que <<tuvieran precauciones>> en su investigación sobre Diego al sospechar que <<esa persona pudiera estar protegida por un alto cargo u organismo perteneciente al Ministerio del Interior>>.

<<Nadie quiere investigar>>

Luis G. T. y Camilo Alonso interpusieron una querella criminal contra ocho funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) al descubrir que Diego P. C. ni siquiera había llagado a sentarse en el banquillo de los acusados cuando, según su versión, era la persona que había organizado el envío de cocaína. Y la titular del juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid absolvió a todos los acusados al entender que, tanto los informes del SVA como la comparecencia de los policías, <<no desmienten los testimonios vertidos en el juicio, sino que pueden ser complementarios, ya que no se puede descartar la intervención de terceras personas en los hechos enjuiciados>>.

El abogado de Camilo Alonso, posteriormente, recurrió este auto alegando que se habían vulnerado las garantías procesales de su cliente. Y la misma magistrado, después de desestimar el recurso de casación, volvió a recordar que era posible la implicación de más personas. Fuentes judiciales han asegurado, en declaraciones a este periódico, que << el problema de los denunciantes es que no hay nadie dispuesto a investigar>>.

 

Le sigue otra publicación el Levante- El mercantil valenciano. Martes, 1 de marzo de 1994.
Los documentos citan a Diego P. C. como el <<responsable en Valencia>> de la organización
Tres informes del SVA implican al supuesto confidente en el narcotráfico a gran escala
Tres informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) revelan que un supuesto confidente de la policía, actualmente en libertad, dirigía entre mayo y julio de 1992 una importante red de narcotraficantes dedicada a la compraventa de hachís y cocaína. Los documentos fueron elaborados a partir de intervenciones telefónicas practicadas en el domicilio del sospechoso y detallan tanto el modo de actuar de la organización como los nombres y apellidos de todos sus componentes.
Los tres informes del Servicio de Vigilancia Aduanera, a los que ha tenido acceso Levante-EMV, están firmados por el jefe provincial de este organismo dependiente del Ministerio de Economía: Francisco García Gómez. Todos ellos forman parte de una minuciosa sobre Diego P. C. que, según denunciaron dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía (Ver Levante-EMV del domingo) ante el magistrado madrileño Alejandro María Benito López, fue suspendida repentinamente porque el sospechoso <<pudiera estar protegido por un alto cargo u organismo perteneciente al ministerio del Interior>>.
Los documentos evidencian que Diego P. C. era, al menos entre mayo y julio de 1992, el <<responsable en Valencia>> de <<una organización presuntamente dedicada al contrabando de estupefacientes>>. Y detallan, incluso, su forma de actuar: este individuo tenía contactos en Marruecos y Andalucía que, al parecer, le proporcionaban importantes cargamentos de hachís que luego distribuía en Valencia y, por otra parte, también organizaba el transporte de cocaína por carretera desde Madrid.
Para no levantar sospechas, añaden las mismas fuentes, Diego P. C. se <<amparaba>> en los negocios de automóviles de ocasión que posee en Valencia. Los funcionarios encargados de la investigación afirman en ese sentido que <<envía vehículos usados a Andalucía y, posteriormente, algunos de ellos vuelven a Valencia con droga oculta en su interior>>.
Otros cinco implicados
Uno de los informes cita también cinco nombres de otras tantas personas <<implicadas>> en la red. Cuatro de ellos residen en Algeciras. Se trata de José Miguel G. M (el encargado de enviar la droga), José A. N. , Juan José G. M. y Salvador S. B. Este último ha sido investigado <<en reiteradas ocasiones>> por las autoridades policiales y aduaneras de Algeciras <<por considerarle fuertemente implicado en el tráfico de drogas, así como en el blanqueo de dinero procedente del mismo, a través de una cadena de zapaterías de su propiedad>>.
El quinto implicado es un ciudadano holandés identificado como Jean- Francois P. , que según añade el Servicio de Vigilancia Aduanera, <<realiza operaciones de contrabando de drogas actuando como intermediario y es conocido por las autoridades de su país ya que fue detenido a finales de 1988>>.
Otro de los escritos, remitido al juzgado de instrucción número dos de Paterna, describe los pormenores de una operación frustrada. Está fechado el 20 de julio de 1992, y señala textualmente: <<Diego P. ha intensificado su actividad respecto del hachís durante las tres últimas semanas, si bien la operación no se ha llevado a cabo porque una parte considerable del género no era de calidad aceptable.>> <<Igualmente –añade- han tenido problemas para poner a punto la embarcación Gateway, que se encuentra amarrada actualmente en Roquetas del Mar (Almería)>>.
Cientos de kilos de hachís
Una llamada telefónica intervenida el 15 de julio revela que Luis (el proveedor de hachís en Málaga) anima a Diego P. a que se traslade urgentemente a Málaga para cerrar una operación de 700 kilos de hachís. No cita el nombre ni la cantidad de la droga. Habla de <<siete coches>>. Ese mismo día, Diego P. se traslada al aeropuerto y toma el primer avión hacia Málaga, donde es recibido por Luis, que le presenta a otras personas para cerrar el trato. Pero no llega a un acuerdo y Diego comunica a su ayudante que, en adelante, se trasladará  personalmente a Málaga para resolver este tipo de problemas.
Los Servicios de Vigilancia Aduanera consideran, como hipótesis más probable, que Diego P. <<ya contaba con otros quinientos kilos de hachís apalabrados en Marruecos y únicamente estaba dispuesto a reactivar la operación si se confirmaba el trato de 700 kilos en Málaga>>.